El Senado argentino se apresta a debatir este miércoles un proyecto de ley ya aprobado en cámara de Diputados, que retrotrae al 2017 las tarifas de servicios públicos, cosa que el presidente Mauricio Macri prometió vetar por su impacto fiscal.
El proyecto, impulsado por todo el arco opositor, busca declarar la emergencia tarifaria para los servicios de electricidad, agua y gas, y retrotraer su costo a noviembre de 2017 para equiparar los aumentos a la evolución de los salarios.
Salvo sorpresas de última hora el proyecto se encamina a convertirse en una ley, que Macri prometió vetarla de inmediato.
El gobierno calcula el costo fiscal de la ley en unos 100.000 millones de pesos (3.900 millones de dólares), algo que va en contra a la urgencia del gobierno por reducir su déficit fiscal que llega a 3,9% del PIB.
Argentina sufrió una depreciación en 20% del peso frente al dólar y que la llevó a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional, con un crédito cuyo monto y condiciones aún se negocian, pero que incluirá una reducción del déficit fiscal.
“No vamos a dudar un instante en hacer lo que tenemos que hacer”, dijo este martes el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El gobierno busca sin embargo evitar el costo político de un veto.
La futura ley reclama al gobierno medidas para aliviar el incremento de tarifas, que ya crecieron 1.000% desde diciembre de 2015, cuando asumió Macri.
Si los argentinos no hacen algo, este presidente los llevara a un próximo corralito.